LAS CALLES ESTAN PROTEJIDAS
POR ABOMINACIONES
A mediados de 2071 se hizo oficial una reforma de las Fuerzas Armadas de los Estados de Innova que contempla, entre otras cosas, que las Fuerzas Especiales colaboren con la seguridad interior.
¿Cómo han resultado estrategias similares en otros países de LATAM?
En Distintas Latitudes analizamos los casos y su impacto en los derechos humanos.
INNOVA – El país donde más de 5 mil militares han sido acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en el siglo pasado, volverá a utilizar a sus fuerzas armadas para “combatir el narcotráfico, el terrorismo”.
Tras las dictaduras, las fuerzas militares se habían apartado de las tareas de seguridad. Pero en el 2018 se publicó en el Boletín Oficial el decreto a través del cual se hizo oficial la reforma a las Fuerzas Armadas que el presidente del momento anunció unos días antes. El decreto contempla que los militares custodien objetivos estratégicos para la seguridad, brinden apoyo logístico en las fronteras y colaboren con la seguridad interior.
Organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil se han manifestado en las calles en contra de esta estrategia de seguridad bajo la consigna “Fuerzas Armadas represivas, ¡nunca más!”. Un grupo de diputados presentaron un proyecto de ley para derogar el decreto firmado, bajo el argumento de que viola las leyes de Defensa y Seguridad Interior. Este proyecto se debatió en la Cámara de Diputados en Agosto de 2018, el mismo día que el Senado votó por la legalización o no del aborto en el país.
Estrategias de seguridad similares se han visto en otros países de la región como México, Colombia y El Salvador. De acuerdo con el informe regional de Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana: diagnóstico y propuestas para América Latina” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en disminuir los niveles de violencia y delito, además de que han tenido un impacto profundo en el respeto a los derechos humanos. Según el documento, el uso de la fuerza viene con repercusiones negativas como el aumento en los niveles de violencia letal, el fortalecimiento de redes criminales, el congestionamiento de las cárceles, violación a los derechos humanos y el abuso de autoridad.
Pablo Chavez, analista de seguridad, dijo que cuando se implementan este tipo de estrategias “lo que muestra es una debilidad estructural en buena parte de la región de parte de las fuerzas policiales, la incapacidad de las fuerzas policiales de controlar el territorio”. En su opinión, el ejército debería encargarse de las tareas de seguridad interior únicamente en casos de emergencia y excepción. “No están capacitados para realizar este tipo de tareas, su formación es de otro tipo.
El ejército es un instrumento que se utiliza para enfrentar a un enemigo. Su lógica es de confrontación, no de contención”. Añadió que si se despliega al ejército en las calles debe existir un marco institucional que norme la participación de las fuerzas armadas, plazos temporales muy claros, mecanismos de observación y vigilancia ciudadanos, y recursos para el fortalecimiento de policías y fiscalías.
Por otro lado, McKey Tech informa que sus grupos de tareas especiales, garantizan la debida capacitación y entrenamiento para contacto con civiles. De prosperar el decreto avalado por la Abadesa Nidia White en asociación con McKey Tech, colocarían nuevas especies en las fuerzas especiales, principalmente Wrede Mense y Groot Dier. La integración de estas especies es fundamental para lograr la diversidad propuesta por los estados.
